El marco legal que fija las sanciones ambientales en construcción
La Ley 1333 de 2009 es el estatuto sancionatorio ambiental vigente en Colombia y establece las multas aplicables a cualquier persona natural o jurídica que incumpla la normatividad ambiental, incluidas las empresas constructoras y los contratistas de obra.
Esta ley modificó el régimen anterior y elevó de forma significativa los topes de las sanciones, con el propósito de generar un efecto disuasivo real en sectores de alta presión sobre el ambiente, como el de la construcción.
Cuánto puede llegar a costar una infracción ambiental
Las multas diarias establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 pueden alcanzar hasta cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por día de infracción, durante un período máximo de trescientos días hábiles.
Con el salario mínimo de 2026, que se ubica en aproximadamente 1.423.500 pesos, una multa máxima diaria supera los siete mil millones de pesos, y en su acumulado total puede representar más de dos billones de pesos, una cifra que puede llevar a la quiebra a cualquier empresa constructora de tamaño mediano.
Las sanciones no se limitan a la multa económica, pues la ley también contempla la suspensión del registro o licencia para el ejercicio de la actividad, la demolición de obras a costa del infractor, y la revocatoria o cancelación del permiso o concesión ambiental que habilita el proyecto.
Qué infracciones son más frecuentes en obras de construcción
Las autoridades ambientales, encabezadas por las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas, identifican de forma recurrente las siguientes infracciones en proyectos de construcción:
- Vertimiento de aguas de escorrentía con sedimentos directamente a cuerpos de agua sin tratamiento previo.
- Disposición de escombros en zonas no autorizadas o en rondas hídricas.
- Tala de árboles sin permiso de aprovechamiento forestal.
- Operación de maquinaria con emisiones que superan los límites del Decreto 948 de 1995 y sus resoluciones reglamentarias.
- Incumplimiento del Plan de Manejo de Escombros exigido por el Decreto 1713 de 2002 y las normas concordantes.
Un caso concreto que ilustra la magnitud del riesgo
En 2023, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá impuso una sanción a una constructora del norte de la ciudad por verter aguas lodosas provenientes de una excavación al sistema de alcantarillado pluvial sin tramitar el permiso de vertimientos.
La sanción incluyó una multa superior a los ochocientos millones de pesos, la obligación de ejecutar obras de mitigación a su costo, y la suspensión temporal de actividades mientras se presentaba un plan de manejo de aguas de excavación debidamente aprobado.
Este caso evidencia que las autoridades no solo multan: exigen la corrección del daño y suspenden la obra, lo que genera sobrecostos adicionales por paralización que pueden duplicar el impacto económico de la sanción.
Cómo se inicia el proceso sancionatorio y qué derechos tiene el investigado
El proceso sancionatorio ambiental inicia con una visita de control o con una queja ciudadana, y la autoridad ambiental abre una investigación preliminar.
El investigado tiene derecho a presentar descargos, solicitar pruebas y recurrir las decisiones en vía gubernativa, lo que significa que un ingeniero o director de obra con conocimiento técnico puede construir argumentos sólidos para reducir la sanción o demostrar que las medidas adoptadas eran suficientes conforme a los permisos otorgados.
La asistencia de un abogado especializado en derecho ambiental es indispensable desde el primer auto de apertura de investigación, y el ingeniero responsable debe documentar todas las acciones de control ambiental ejecutadas en obra para sustentar su defensa.
Medidas preventivas que reducen el riesgo de sanción
Un programa interno de cumplimiento ambiental que incluya registros fotográficos del manejo de escombros, bitácoras de mantenimiento de maquinaria, manifiestos de transporte de residuos especiales y actas de socialización con la comunidad, puede ser determinante para demostrar buena fe ante la autoridad.
Para tener claridad sobre qué proyectos requieren licencia ambiental previa y cuáles pueden operar con permisos sectoriales, puede consultar la guía completa ‘¿Qué proyectos de ingeniería necesitan licencia ambiental en Colombia y cuáles están exentos?’ disponible en el sitio, donde se detallan los umbrales y criterios que define la ley colombiana.
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